Estudiante expulsada por oponerse a llevar un chip considerado la “Marca de la Bestia”

Andrea Hernández, una joven de quince años de edad, fue expulsada de su escuela no por desafiar a los maestros, faltar a la escuela, usar drogas o portar un arma en la escuela. Más bien, fue porque ella se opuso al microchip de seguimiento integrado en su tarjeta de identificación de estudiante. Ella llamó al chip la “Marca de la Bestia” y un sacrilegio a su fe cristiana, por no hablar de cómo se señala su localización, incluso en el baño de la escuela, informó la Associated Press.

Sin embargo, su postura ha hecho una diferencia para todo el distrito escolar. En efecto, después de una larga batalla librada en la corte y en la comunidad, funcionarios de la escuela con el Northside Independent School District (NISD) han decidido dejar de utilizar el programa de seguimiento de los estudiantes que se basaba en tarjetas RFID de seguimiento que contiene diminutos chips que producen una señal de radio.

De acuerdo con funcionarios de la escuela, la decisión de poner fin al “Proyecto Localizador Estudiantil” que se debió en parte a los bajos índices de participación, publicidad negativa y una demanda presentada por el Instituto Rutherford.

El Instituto Rutherford, había presentado una demanda en contra de oficiales de la escuela en noviembre de 2012 en nombre de Hernández, una estudiante de segundo año de Ciencias de John Jay High School y la Academia de Ingeniería. La cuestión de si Hernández se le permitirá regresar a John Jay aún no se ha resuelto.

 “Esta decisión de las autoridades escolares de Texas de finalizar el programa localizador de estudiantes es la prueba de que el cambio es posible si los estadounidenses se preocupan lo suficiente como para tomar una postura y hacer oír su descontento”, dice John W. Whitehead, abogado y presidente del Instituto Rutherford.

Aquí está la historia de fondo 

En el 2012, el Northside Independent School District en San Antonio puso en marcha un programa, el “Proyecto Localizador Estudiantil”, dirigido aparentemente para aumentar la financiación pública para el distrito por el aumento de las tasas de asistencia de los estudiantes.

Como parte del programa piloto, alrededor de 4200 estudiantes de John Jay High School y Jones Middle School fueron obligados a llevar el “SmartID” insignias de tarjetas integrado con un chip RFID de seguimiento que hizo posible que los funcionarios de la escuela rastrearan el paradero de los estudiantes en el campus. Los funcionarios de la escuela esperaban ampliar el programa a unas 112 escuelas del distrito.

 Los abogados del Instituto Rutherford, alegaron que los esfuerzos de la escuela por sancionar, discriminar y tomar represalias contra Andrea, lo único que hicieron fue violar sus derechos que respalda la Primera y Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los EE.UU.